Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La violencia contra las mujeres en el derecho español / La violenza contro le donne nel diritto spagnolo (di Patricia Laurenzo Copello (Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Málaga))


SOMMARIO:

1. Los precedentes: la violencia contra las mujeres entra en la agenda política - 2. El cambio de paradigma: la Ley Integral contra la violencia de género de 2004 - 3. Balance y perspectivas - 1. Gli antecedenti: la violenza contro le donne nell’agenda politica - 2. Il cambio di paradigma: la legge integrale contro la violenza di genere del 2004 - 3. Risultati e prospettive - NOTE


1. Los precedentes: la violencia contra las mujeres entra en la agenda política

Hasta finales del siglo pasado, en España apenas se hablaba de la violencia que sufren las mujeres de forma cotidiana por el simple hecho de ser mujeres y que sitúa desde hace siglos al género femenino en una posición subordinada tanto en la vida pública como en el ámbito doméstico. El primer precedente legislativo lo encontramos en el año 1989, cuando se incorporó al Código penal un delito de violencia doméstica habitual que no pasó de ser una figura puramente sim­bólica, ya que los jueces encontraron la forma de bloquear su aplicación mediante una serie de exigencias probatorias de imposible ejecución. Por entonces casi nadie alzó la voz contra esa actitud obstruccionista del aparato judicial porque la violencia de los hombres contra las mujeres en las relaciones de pareja – sin duda la forma más frecuente de violencia de género en España – seguía considerándose un asunto privado de competencia exclusiva de la familia. Fue un acontecimiento mediático el que cambió el rumbo de la opinión pública española: en el año 1997 un hombre quemó viva a su exesposa como represalia porque ella había contado su historia de malos tratos en un programa de televisión. El hecho de que el detonante del asesinato fuera el testimonio de una víctima televisado en directo otorgó gran repercusión al caso y convirtió el problema de la violencia contra las mujeres en un asunto de máximo interés para los medios de comunicación que acabó por situarse en la agenda política, desembocando en una serie de reformas penales y procesales que se sucedieron entre los años 1999 y 2003. Aesa época corresponde la incorporación al Código penal de las penas de alejamiento y de prohibición de comunicarse con la víctima en los casos de violencia doméstica [1]; así como la creación de un nuevo delito de violencia en el ámbito familiar en el que ya no se exige la habitualidad en el mal­trato, bastando con un solo acto de violencia física o un menoscabo psíquico de carácter leve para realizar el tipo. Esta figura, recogida en el artículo 153 del Código penal, despertó [continua ..]


2. El cambio de paradigma: la Ley Integral contra la violencia de género de 2004

Como se acaba de ver, a excepción del acoso sexual, la preocupación del legislador español por la violencia contra las mujeres se centró desde el principio de forma casi exclusiva en el maltrato en la vida de pareja. Hasta cierto punto eso podría explicar que las primeras reformas penales y procesales apuntaran al contexto doméstico como generador de la violencia, identificando a un amplio grupo de posibles víctimas que va mucho más allá de la esposa o mujer conviviente. De esta manera, la legislación española optó por el modelo de la violencia doméstica como paradigma político criminal para luchar contra el maltrato hacia las mujeres, un modelo que se basa en la idea de que las relaciones de autoridad y subordinación propias de la institución familiar pueden originar abusos de los más fuertes hacia los miembros “más vulnerables” del grupo, entre los que obviamente se encuentran los niños, los ancianos, los incapaces ... y también las mujeres. Sin duda un modelo muy conveniente para acallar las críticas de indiferencia estatal hacia la violencia contra las mujeres sin perturbar en absoluto el statu quo sobre el que se asienta el sistema patriarcal. Porque, lejos de poner en cuestión los valores imperantes en las relaciones entre los sexos, al incluir a las mujeres en el colectivo de los “naturalmente vulnerables” refuerza el estereotipo de la “debilidad femenina” como característica intrínseca de su identidad y aleja con ello cualquier tentación de subvertir los cimientos sobre los que durante siglos se ha asentado la estructura familiar, incluida la autoridad masculina. Pero una visión tan conservadora resultaba difícil de mantener en un contexto internacional que ya por entonces situaba las causas de la violencia contra las mujeres en la propia estructura social, en «las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo», como se afirma en la Plataforma de Acción (párrafo 118) de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 en Beijing. Queda claro así que la violencia de [continua ..]


3. Balance y perspectivas

El rápido recorrido que hemos realizado por las distintas etapas que atravesó la legislación española en materia de violencia de género pone de manifiesto que, en muy poco tiempo, se hanproducido grandes avances tanto en la protección de las víctimas como en la toma de conciencia de la sociedad en general – y del mundo jurídico en particular – sobre el grave problema social que supone la violencia contra las mujeres. Y sin duda en ese proceso tiene una importancia fundamental la Ley Integral de 2004. Sin embargo, no todo es positivo en este camino. No es bueno que casi todas las medidas previstas para dar una salida a las mujeres que viven situaciones de violencia se encaucen necesariamente a través de la denuncia penal, como tampoco lo es que se haya optado por criminalizar hasta las más nimias manifestaciones de agresividad en la vida de pareja. Ambas circunstancias han desembocado en la saturación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer – con el consiguiente retraso en las resoluciones judiciales – y, en cambio, no han sido determinantes para contener los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas que anualmente se producen en España. Un fracaso, este último, que desde luego requiere un retoque de los protocolos policiales de detección de riesgos, tal como se está haciendo últimamente. Pero que obliga, también, a una profunda revisión de un modelo político criminal excesivamente intervencionista que a fuerza de concentrar la atención en la violencia leve ha perdido de vista precisamente a las mujeres más expuestas a sufrir agresiones graves contra su vida e integridad personal. En realidad, pese a todos los avances que hemos enumerado, en España siguen faltando lineamientos claros para elaborar políticas públicas globales y eficaces en materia de violencia de gé­nero. Es cierto que se ha avanzado mucho en la protección de las mujeres que atraviesan situaciones concretas de violencia en la pareja, pero se ha prestado muy poca atención a los factores más profundos que generan esa violencia, lo que se nota especialmente en el ámbito educativo. Y eso no es casual, porque la elaboración de estrategias a largo plazo destinadas a subvertir el orden de valores patriarcales requiere ante todo que se [continua ..]


1. Gli antecedenti: la violenza contro le donne nell’agenda politica

Fino alla fine del secolo passato, in Spagna si parlava appena della violenza che le donne subiscono in maniera quotidiana per il semplice fatto di essere donne e che pone il genere femminile in una posizione subordinata tanto nella vita pubblica come nell’ambito privato. Il primo antecedente legislativo lo incontriamo nell’anno 1989, quando si introdusse nel codice penale il delitto di violenza domestica abituale che finì per atteggiarsi come una figura meramente simbolica, dal momento che i giudici trovarono il modo di osteggiare la sua applicazione concreta attraverso una serie di esigenze probatorie di difficile esecuzione. Purtuttavia, quasi nessuno alzò la voce contro quell’attitudine ostruzionista dell’apparato giudiziario dal momento che la violenza degli uomini contro le donne nelle relazioni di coppia – senza dubbio la forma più frequente di violenza di genere in Spagna – continuava ad essere considerata una questione privata di competenza esclusiva della famiglia. Fu un caso mediatico che cambiò il verso dell’opi­nione pubblica spagnola: nell’anno 1997 un uomo bruciò viva la sua ex moglie a titolo di rappresaglia perché la stessa aveva raccontato la sua storia di maltrattamenti in un programma televisivo. Il fatto che ciò che ha innescato l’omicidio era stata proprio la testimonianza di una vittima registrata in diretta diede una grande ripercussione al caso e convertì il problema della violenza contro le donne in una questione di massimo interesse per i mezzi di comunicazione che finì per porsi all’attenzione dell’agenda politica, sfociando in una serie di riforme penali e processuli che si succedettero tra gli anni 1999 e 2003. A quell’epoca infatti risale l’incorporazione al codice penale delle misure di allontanamento e di divieto di comunicazione con la vittima nei casi di violenza domestica [21]; così come la creazione di un nuovo delitto di violenza nell’ambito familiare nel quale non si esige l’abitualità dei maltrattamenti, essendo sufficiente un solo atto di violenza fisica o una menomazione psichica di carattere lieve perché si possa realizzare il tipo. Questa figura, riconosciuta nell’art. 153 c.p., suscitò molta polemica quando venne introdotta nell’anno 2003 perché [continua ..]


2. Il cambio di paradigma: la legge integrale contro la violenza di genere del 2004

Come appena visto, ad eccezione che per le molestie sessuali, la preoccupazione del legislatore spagnolo in merito alla violenza contro le donne fin dall’inizio si è concentrata quasi esclusivamente sugli abusi nella vita coniugale. In una certa misura ciò può spiegare che le prime riforme penali e procedurali si incentrarono sul contesto domestico come generatore di violenza, identificando un folto gruppo di potenziali vittime che va ben oltre la moglie o la compagna convivente. Così, la legislazione spagnola ha optato per il modello di violenza domestica come un paradigma politico penale per combattere gli abusi nei confronti delle donne, un modello che si basa sull’idea che i rapporti di autorità e di subordinazione nell’istituzione familiare possono dar luogo ad abusi dei più forti verso il gruppo dei “più vulnerabili”, tra i quali, ovviamente, bambini, anziani, incapaci ... e donne. Sicuramente un modello adatto a tacitare le critiche di indifferenza dello Stato verso la violenza contro le donne, senza pregiudicare in assoluto lo status quo su cui il sistema patriarcale si fonda. Perché, lungi dal rimettere in discussione i valori prevalenti nei rapporti tra i sessi, per includere le donne nel gruppo delle “naturalmente vulnerabili” rafforza lo stereotipo di “debolezza femminile” come una caratteristica intrinseca della loro identità e se ne va con essa ogni tentazione di sovvertire le basi su cui per secoli si è stabilita la struttura della famiglia, tra cui l’autorità maschile.  Ma una visione così conservatrice era difficile da mantenere in un contesto internazionale che già allora collocava le cause della violenza contro le donne nella struttura sociale, in «relazioni storicamente ineguali di potere tra uomini e donne, che hanno portato al dominio degli uomini sulle donne, alla discriminazione contro le donne e all’interposizione di ostacoli al loro pieno sviluppo», come indicato nella piattaforma d’azione (punto 118) della IV Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi nel 1995 a Pechino. Chiaramente in tal senso la violenza di genere non ha nulla a che fare con qualsiasi caratteristica intrinseca del gruppo femminile o con una presunta debolezza naturale delle donne, ma con la costruzione sociale delle relazioni disegualitarie tra i sessi che trasforma [continua ..]


3. Risultati e prospettive

Il breve quadro ricostruttivo che abbiamo fatto attraverso le varie fasi che hanno attraversato la legislazione spagnola in materia di violenza di genere mostra che, in brevissimo tempo, ci sono stati grandi progressi sia nella protezione delle vittime e sia nella consapevolezza della società in generale, e del mondo giuridico, in particolare, sul grave problema sociale della violenza contro le donne. E certamente in questo processo è di importanza fondamentale la legge fondamentale del 2004. Tuttavia, non tutto è positivo. Non è un bene che quasi tutte le misure previste per prestare una tutela alle donne che subiscono violenza necessariamente si canalizzano attraverso la denuncia penale, né si è scelto di criminalizzare anche le manifestazioni più banali dell’aggressività da parte del compagno di vita. Entrambe le circostanze hanno portato alla saturazione dei Tribunali di casi di violenza contro le donne, con il conseguente ritardo nell’emissione delle sentenze, tuttavia, non hanno avuto un ruolo centrale per contenere gli omicidi di donne dai loro partner o ex partner che ogni anno si perpetrano in Spagna. Un fallimento, quest’ultimo, che ovviamente richiede un ripensamento dei protocolli di rilevamento del rischio da parte della polizia, come si sta facendo ultimamente. Ma che richiede anche una profonda revisione di un modello di politica eccessivamente interventista che a forza di focalizzare l’attenzione sulla violenza mite ha perso di vista proprio le donne con più probabilità di soffrire gravi attacchi alla loro vita e l’integrità personale. Infatti, nonostante tutti i progressi che abbiamo elencato, in Spagna mancano ancora chiare linee guida per lo sviluppo di politiche pubbliche globali ed efficaci sulla violenza di genere. È vero che molto è stato fatto per proteggere le donne che vivono situazioni di violenza nella coppia, ma ha prestato molta poca attenzione ai fattori più profondi che portano a tale violenza, che è particolarmente evidente nel campo dell’istruzione. E questo non è un caso, perché lo sviluppo di strategie a lungo termine volte a sovvertire l’ordine dei valori patriarcali richiede in primo luogo che si sradichi l’ingiustizia radicale di un sistema sociale pieno di stereotipi circa l’identità femminile che conducono alla discriminazione [continua ..]


NOTE